APROPIARSE DEL AHORRO PRIVADO

Felipe Guerrero Bojórquez

¿Y quién le dio permiso a los Senadores para que, al mismo tiempo, facultaran al gobierno federal apropiarse del dinero de 70 millones de mexicanos que, se supone, son su seguro para el retiro laboral?
Tan buenos para inventar consultas los disque «democráticos». ¿Y por qué ahora no hicieron una para preguntarle a los ahorradores si querían soltarle su dinero al gobierno, que en conjunto representa más de los 6 billones de pesos?
Si, ese dinero no es del gobierno ni de los empresarios. Son fondos construidos peso a peso, a lo largo de décadas, bajo el convenio explícito de que se constituyen en ahorro para algo que en esencia es sagrado: la seguridad a la hora del retiro laboral. Tocar ese dinero sin el consentimiento expreso de sus dueños, en este caso bajo la figura de inversión, exige respeto al derecho humano constitucional más allá de las mayorías legislativas.
Ni siquiera en este acto de agandalle disfrazado de legalidad, los ahorradores tienen certeza de que se hará buen uso de sus recursos, de que habrá transparencia y, sobre todo, confianza. Algo por lo que no se han caracterizado precisamente los regímenes de la Cuarta Transformación.
El dinero que se pone en juego, a la hora de aprobar una reforma que abre la puerta para canalizar recursos de los Afores a proyectos de infraestructura, bajo el esquema de inversión «mixta», no son ni del gobierno ni de los empresarios. Es dinero ajeno. Hay preguntas: ¿saben los dueños del dinero qué ganarán? ¿cuánto ingresarán, cómo participarán, quién evaluará el desarrollo de la inversión de sus recursos y quién les rendirá cuentas? ¿No es legítimo que a los dueños del dinero no solo se les haya consultado para invertirlo, sino que tengan claridad y representación a la hora de correr los riesgos naturales de todo proyecto?
Porque al final, en el fondo, lo que hará el gobierno es utilizar un dinero que legalmente no le pertenece y, en alianza con el sector privado, canalizarlo para fondear proyectos donde los ganones serán otros.
En el antecedente de los fracasos de las obras faraónicas del régimen, donde las inversiones se han triplicado y mucho menos han sido redituables, el dinero no lo perderán los empresarios ni el gobierno porque no es de ellos: el dinero lo perderán sus dueños, los millones de trabajadores cuyos ahorros los utilizarán ahora como palanca de política pública. Diría mi abuela, que chingones me salieron.
El argumento oficial es conocido: dinamizar la infraestructura, corregir fallas de modelos anteriores, distribuir riesgos de manera más equitativa. ¿Hay que creerles cuando han demostrado lo contrario? La experiencia reciente es una estela de obras inconclusas, sobrecostos y decisiones centralizadas. Bajo ese antecedente, pedir que los trabajadores confíen en que ahora sí habrá disciplina técnica y blindaje financiero suena a cinismo.
La 4T ideologiza todo. Pero ahora no les conviene. Dicen que esto no se trata de izquierda o de derecha. Si, está bien, pero en esencia el debate debe centrarse en si el gobierno tiene la facultad constitucional de asumir el rol de administrador del ahorro privado para fines de desarrollo nacional. Una cosa es que el gobierno incentive a los dueños del dinero para que desarrollen proyectos productivos, y otra cosa es apropiarse de sus ahorros para financiar políticas públicas bajo la lógica de sus prioridades.
Lo que debería quedar claro es que constitucionalmente el dinero de las Afores no es un fondo disponible para corregir deficiencias del Estado, sino un patrimonio individual con destino colectivo en el tiempo: salvaguardar la vejez de millones de mexicanos.
Es eso justamente lo que se está poniendo en riesgo. Sobre todo con un régimen gastalón e irresponsable, que en menos de siete años casi duplicó su deuda externa: de 10 billones a 18.6 billones de pesos. Por lo tanto, duplicó el pago de intereses, lo que redujo los recursos para la inversión en infraestructura pública y productiva, salud y educación principalmente. Y eso, centralmente, explica el tema.