Legalidad y verdad

En el Congreso imperan los revanchismos y los pleitos políticos por encima de la ley y de la razón.
Sin duda la fracción parlamentaria de MORENA está a la cabeza de las ilegalidades; unos porque son ignorantes, otros valemadristas, y no pocos las dos cosas.
Para nadie es un secreto que la diputada Graciela Domínguez Nava y los suyos han actuado de manera reiterada con un desprecio a lo señalado por nuestra constitución y las leyes secundarias.
Pero a fuerza de ser sinceros debemos decir que, en la polémica más reciente, la razón jurídica está de parte del morenismo y en contra de los alegatos tricolores, por lo que toca al procedimiento.
La Auditoría Superior del Estado es la responsable de auditar y fiscalizar las cuentas públicas, sí, pero la Comisión de Fiscalización recibe esos informes y los dictamina para la posterior discusión en el pleno cameral.
Resulta absurda la pretensión de que esos dictámenes son únicamente sobre los informes, pero no sobre las cuentas; es de elemental sentido común que va junto con pegado.
Indebido por ello el reclamo hecho por el coordinador de la fracción priísta, diputado Sergio Jacobo Gutiérrez.
La facultad existe de manera puntual.
En lo que sin duda alguna le asiste razón al diputado Jacobo es respecto del primitivismo político con el que suelen actuar los parlamentarios morenistas.
A esos miserables legisladores encabezados por Gracielita lo único que les importa es hacer valer sus intereses personales y de grupo, mientras presumen que trabajan por el pueblo y por nadie más.
La simulación y el cinismo, a todo lo que dan.
Parte de esto último lo vemos en el anuncio del presidente de la Comisión de Fiscalización, diputado Marco Antonio Zazueta, de que serán dictaminadas de manera negativa todas las cuentas públicas del gobierno estatal y los municipios.
La generalización, como absurdo pretexto de imparcialidad.
Carambola política de tres bandas por parte de Graciela: el revanchismo contra el gobernador y los alcaldes que no se unen a su proyecto por la gubernatura a favor del senador Rubén Rocha Moya; presentar a la ASE como un organismo inservible, para llevar ahí a un incondicional, y el erigirse falsamente como vigilantes de los dineros públicos, y justicieros contra los manejos indebidos.
El permanente accionar miserable y faccioso por los “nuevos” políticos dizque del pueblo.
Aquí lo hemos dicho de manera repetida: estas cosas continúan y seguirán sucediendo por la irresponsabilidad cómplice de muchos legisladores que solamente reaccionan cuando les afectan a sus patrones, que por supuesto no son el pueblo.

URGE CORREGIR

Otro caso de diputados cómplices es el de Baja California, con la ampliación de dos a cinco años en el período del gobernador recientemente electo.
El PAN se bajó los pantalones, conviniendo impunidad con MORENA.
Esperemos que se actúe de manera enérgica contra este atentado a la ley y a nuestra democracia.