EL PODER DE FACTO

No se conoce en el país antecedentes de secuestros simultáneos de familias completas, como los ocurrido en Culiacán durante la madrugada del viernes pasado. Lo que aquí se vio fue la capacidad operativa, orgánica de la delincuencia y, al mismo tiempo, la incapacidad gubernamental para no detectar y enfrentar la movilización criminal de la que sí dio cuenta la ciudadanía a través de las redes sociales.

Cualquiera que haya sido el motivo, se trató de un acto que pone en evidencia la indefensión ciudadana de frente a los poderes de facto que, cuando ellos lo decidan, pueden hacer y deshacer sin el menor de los riesgos de frente a una autoridad omisa e inservible.

Así como se los llevaron, los regresaron. Es decir, nunca las familias “levantadas”, entre las que se encontraban mujeres, niñas y niños, fueron rescatadas por la policía y mucho menos que la autoridad operativa y ministerial haya aprehendido a algunos de los secuestradores.

Por lo contrario, bajo el argumento de “que no pasa nada” y que “son cosas que lamentablemente ocurren” la autoridad trató de minimizar el hecho y de llamar a la calma pidiendo que no hicieran caso a rumores. El propio gobernador Rubén Rocha pidió, a través de sus redes sociales, no tener miedo “porque se trata de versiones aún no confirmadas” y habló del despliegue de un operativo para “rescatar a toda persona privada de la libertad, si ese fuera el caso”.

Efectivamente, desde las primeras horas se supo que las familias, en un operativo simultáneo, perfectamente sincronizado, fueron sacadas de sus casas amenazadas con armas de alto poder por personas encapuchadas que, para intimidar, en algunos de los casos dispararon sus armas sin importar que ahí hubiese niños y gente inocente.

¿Y cual, según la autoridad, fue el motivo central de esta demostración de fuerza, de esta capacidad simultánea, sincronizada como para “levantar” a 45 personas sin que se hayan topado con la policía? No, ni siquiera una mínima hipótesis. Menos aún cuando los hechos se suscitaron tanto en la zona urbana como en la rural, es decir, en un amplio terreno donde da la casualidad que no había un solo elemento de seguridad pública.

Y más allá de la casualidad o no, queda claro que los grupos que se disputan “la plaza”, cualquiera que sea la diferencia entre ellos, lo hacen sin preocuparse en lo más mínimo, sobre todo, de las autoridades municipales y estatales. Son una especie de fuerza bélica paralela con la que no hay que meterse bajo el argumento, eso sí, que a quien corresponde darles la batalla es a la federación.

Tan es así, que en la Fiscalía General de Sinaloa no existe antecedentes, investigación u orden de aprehensión alguna contra los líderes de estos grupos, como si no operaran en terrenos de la autoridad estatal y como si la sociedad sinaloense no fuese afectada por su actividad.

Quienes operaron a la perfección los levantones sincronizados en Culiacán, tienen claro que ellos ostentan el poder de facto y la libre determinación de “levantar” a quien decidan, así se trate de las más altas autoridades estatales a las que hace mucho rebasaron.

El mensaje es muy claro: La autoridad que quiera actuar contra estos grupos armados, tendrá entonces que establecer una estrategia de guerra inteligente porque, a estas alturas, ya es demasiado tarde para enfrentarlos bajo la divisa de abrazos y no balazos. Ya en otras ocasiones han demostrado su poderío con los “culiacanazos”. El poder de sus armas.

Queda, sin embargo, un ambiente de incertidumbre que otros actores, como los partidos políticos, tendrán que enfrentar, exigiendo a los niveles de gobierno el compromiso de que, este tipo de eventos, no trastoquen el proceso electoral que se vive hoy en todo el país y particularmente en Sinaloa. Ya veremos.